Amnistía Internacional pide Protocolo de Minnesota para investigar a militares en Nuevo Laredo
Redacción Animal Político · 16 de octubre de 2024
La organización defensora en derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), condenó los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas donde elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) presuntamente asesinaron a una niña de ocho, un joven de 18 y una enfermera de 46 años de edad, por lo que exigió a la Fiscalía General de Justicia del estado una investigación pronta y eficaz.
“Amnistía Internacional condena los hechos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que resultaron en la muerte de una niña de 8 años y dos personas más durante una persecución por parte de elementos de la Sedena y Guardia Nacional a presuntos delincuentes. El Estado mexicano debe garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. ¡No más impunidad!”, resaltó en sus redes sociales.
Exigió que se lleven a cabo los Protocolos de Minnesota para que sea una justa investigación e hicieron un llamado a la Sedena y GN a cooperar con las plenamente con las indagatorias.
¿Qué es el Protocolo de Minnesota?
La organización explicó que es una guía de la Organización de las Naciones Unidas que establece cómo los Estados deben investigar muertes que podrían ser ilícitas o casos de desaparición forzada.
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“Este conjunto de principios y directrices son clave para garantizar transparencia, justicia y rendición de cuentas, protegiendo los Derechos Humanos”, precisó AI.
De acuerdo con Protocolo de Minnesota: sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas de 2016, versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, explica que es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.
“El Protocolo establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación”, aseguró el manual.
El Protocolo se aplica a la investigación de toda “muerte potencialmente ilícita” y, mutatis mutandis, de toda sospecha de desaparición forzada. A los fines del Protocolo, este prevé principalmente situaciones en que:
“La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida. Incluye, por ejemplo, todas las muertes posiblemente causadas por funcionarios de las fuerzas del orden u otros agentes del Estado; las muertes causadas por grupos paramilitares, milicias o “escuadrones de la muerte” sospechosos de actuar bajo la dirección del Estado o con su consentimiento o aquiescencia; así como las muertes causadas por fuerzas militares o de seguridad privadas en el ejercicio de funciones del Estado”, revela el manual.
CDHNL presenta queja contra GN
En tanto, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, anunció que han presentado una queja formal por el asesinato de la niña Lidia Iris por parte del personal de la Guardia Nacional.
“En esta queja que también compartiremos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que, como comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, estamos pidiendo una investigación exhaustiva, imparcial, pronta, porque este caso no puede quedar impune. La investigación está en manos de la Fiscalía estatal de Tamaulipas, pero queremos que sea atraída por la Fiscalía General de la República”, señaló Ramos.
Pidió que se prioricen la revisión de los protocolos de protección a la población y sobre todo que se haga valer el uso de Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
“Nos parece que la muerte de la enfermera, la muerte de la niña y de un joven que estaba secuestrado obedece a este incumplimiento de uso de la fuerza cuando se trata de la población civil”, comentó el presidente de Derechos Humanos estatal.
Piden a Sheinbaum audiencia
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dijo que pedirán una audiencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que, en un plazo razonable, los familiares de la niña, Lidia Iris y de otros menores que han fallecido en el municipio reciban atención y una explicación.
“Como es el caso de Armando Hernández Gallardo, Heidi Mariana Pérez Rodríguez, y de la joven Mariana Tizano (…) estas cuatro muertes arbitrarias y dos lesionados sobrevivientes deberían llamar la atención”, indicó el presidente del comité.
Los hechos: ¿qué le paso a Lidia Iris? la niña de 8 años
El sábado 12 de octubre, a las 19:00 horas, la señora Lidia Galván Reséndez se trasladaba en su vehículo particular a una papelería acompañada de su nieta Lidia Iris Fuentes Galván, cuando quedaron en medio de una persecución entre Guardias Nacionales y presuntos delincuentes.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el auto de Lidia quedó prensado entre dos camionetas y los elementos de Guardia Nacional comenzaron a disparar en su contra causando heridas en la cabeza de su nieta.
La niña se encontraba agachada en el asiento delantero intentando protegerse; fue trasladada de urgencias a un hospital, pero falleció por un disparo en su cabeza.
Los hechos se registraron en el Fraccionamiento Palmares, donde también ocurrió el segundo asesinato.
Diego Alfredo, de 18 años
En ese mismo hecho, el joven Diego Alfredo quedó dentro de una camioneta que perseguían los elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército.
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La víctima presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas; presuntamente se encontraba en calidad de secuestrado.
La enfermera Yuricie Rivera Elizalde
La noche del viernes 11 de octubre, en el cruce de Eva Sámano y Miquihuana, en el Fraccionamiento La fe, Yuricie Rivera Elizalde, enfermera de 46 años, se trasladaba en una camioneta particular acompañada de su esposo e hijo cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del Ejército.
De acuerdo con testigos, los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles sin importar que a su alrededor había decenas de familias.
“Empezaron a disparar sin motivo, no sé qué pensaban o por qué lo hicieron. Quiero que se haga justicia”, denunció su esposo, Víctor Manuel Carrillo Martínez, quien resultó ileso junto a su hijo de 9 años.