Luis Baylón · 20 de enero de 2026
El escándalo de Julio Iglesias en República Dominicana escala a niveles insospechados. Mientras el cantante intenta (sin éxito) personarse en la investigación por agresión sexual, una nueva tormenta legal acaba de estallar: extrabajadores de su mansión en Punta Cana denuncian vulneración de derechos laborales, insultos homofóbicos y maltrato. Aquí te contamos por qué la justicia dominicana tiene al intérprete de “Me olvidé de vivir” contra las cuerdas.
Julio Iglesias solicita archivo de la denuncia por delitos sexuales; acusa “grave daño reputacional”
Los testimonios recogidos por elDiario.es y Univisión pintan un panorama muy alejado del glamour de los escenarios. Evenson Lindor, uno de los denunciantes, relató escenas de humillación constante:
Insultos y amenazas: Lindor asegura que, mientras reparaba un tejado bajo el sol, el cantante lo obligó a meterse al mar para limpiar algas bajo la frase: “Bájate, tienes que meterte al mar, maricón”.
Abuso de poder: Ante cualquier queja, la respuesta de Iglesias era recordarle su situación de necesidad: “¿Tú quieres trabajar aquí? Tengo dos hijos”, recuerda haber contestado Evenson para no perder su empleo.
Las denuncias se han presentado en los juzgados de Trabajo de San Pedro de Macorís en el que condenaron a Iglesias a pagarle las prestaciones laborales, los salarios impagados desde que se inició el proceso en 2020 y a indemnizarles por no haberles inscrito en la Seguridad Social. Todo esto representan 320,000 pesos dominicanos (unos 89,000 pesos mexicanos) , en se momento sumaban 5,000 euros en cargos por la acción judicial. Sin embargo, el caso sigue sin haberse resuelto.
El nudo legal del caso está en cómo Julio Iglesias contrata a su personal. Según los hermanos Villanueva (Rogelio y Eleuterio), quienes trabajaron para él por 21 y 9 años respectivamente, fueron registrados como “empleados domésticos”, a pesar de que sus funciones reales eran de carpintería, soldadura, albañilería y choferes.
¿Por qué importa esto? En República Dominicana, el personal doméstico tiene menos derechos laborales. Al catalogarlos así, el cantante evita pagarles la indemnización de 23 días por año trabajado que marca la ley.
Su abogado, Eloy Bello Pérez, es tajante: “Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización”.
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La defensa de los trabajadores sostiene que la famosa Villa Corales 5 no es una casa cualquiera, sino una empresa que incluye hasta estudios de grabación. Por ello, exigen que se les trate como trabajadores formales y no como “criados”, término que usó el abogado Bello Pérez, en referencia a las condiciones de trabajo doméstico que se tenía a los quejosos.
Aunque un tribunal ya condenó a Iglesias a pagar una suma (que el abogado comparó con “el valor de cinco o seis botellas de vino de su cava“), los afectados siguen peleando por una liquidación justa que el cantante se ha negado a pagar desde 2020, aprovechando el miedo de los locales a ser vetados en la zona turística de Bávaro.
A las denuncias por despido improcedente y falta de pago a la Seguridad Social, se suma ahora el peso de la investigación por delitos mucho más graves en España. Parece que el sistema de “intimidación y aislamiento” que denunciaron las empleadas en Europa también se replicaba en el Caribe.