Redacción Animal Político · 14 de abril de 2026
La Corte Superior de Ontario, Canadá, revirtió un fallo que había favorecido al Estado mexicano y ordenó reabrir el arbitraje internacional promovido por Oro Negro, empresa que reclama más de 270 millones de dólares por el supuesto incumplimiento de contratos de renta de plataformas marítimas con Petróleos Mexicanos (Pemex).
La corte dejó sin efectos el laudo emitido en 2024 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversionistas extranjeros.

En agosto de 2024 la Secretaría de Economía informó que “representó con éxito al Estado en el arbitraje iniciado en 2018 por inversionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.l. de C.V. (Oro Negro), empresa que, a través de una filial, rentó plataformas marinas de extracción de petróleo a Pemex entre los años 2013 y 2017”.
De acuerdo con la dependencia el 19 de agosto de ese año el CIADI determinó de forma unánime que carecía de jurisdicción para resolver las reclamaciones de Oro Negro conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y consideró que varios de los demandantes no contaron con la legitimidad necesaria para presentar reclamaciones en contra de México conforme el TLCAN.
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Además, ordenó que Oro Negro pagara a México alrededor de 400 mil dólares por costos del arbitraje y desestimó su reclamo de más de 270 millones de dólares.
Ese fallo es el que echó abajo esta semana la Corte Superior de Ontario al considerar que ninguna restricción impide a personas con doble nacionalidad demandar a su país de origen, de acuerdo con la interpretación de la Convención de Viena.

La controversia entre las partes surge en relación con cinco contratos celebrados entre Pemex y la empresa: Contratos Primus, Decus, Laurus, Fortius e Impetus (conjuntamente, los “Contratos Oro Negro”). Cada uno tenía por objeto el arrendamiento de una plataforma Jack-up de 400 pies, es decir, las plataformas Jack-up Primus, Decus, Laurus, Fortius e Impetus (conjuntamente, las “Plataformas Oro Negro”), respectivamente.
Por lo que revocó el fallo que obligaba a Oro Negro a pagar 400 mil dólares al gobierno mexicano en un arbitraje en el que reclamó una indemnización por la renta de las plataformas marítimas a Pemex.
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También instruyó a un panel arbitral para que tramite la demanda que en principio desestimó y ordenó a México pagar 100 mil dólares a Oro Negro en un plazo de 30 días, por costos procesales.
La demanda fue iniciada por inversionistas como Ampex Retirement Master Trust; Apple Oaks Partners, LLC; Brentwood Associates Private Equity Profit Sharing Plan; Cambria Ventures, LLC; Carlos Williamson-Nasi por derecho propio y en representación de Axis Services, Axis Holding, Clue y F. 305952; Carolyn Grace Baring; Diana Grace Beard; Floradale Partners, LLC; Frederick Grace; Frederick J. Warren; Frederick J. Warren IRA; y Gary Olson.