Hacienda modifica reglas antilavado; casinos e inmobiliarias reforzarán controles

La Secretaría de Hacienda dio a conocer las modificaciones al reglamento para la aplicación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Las nuevas reglas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión y verificación, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de las disposiciones en la materia.

En un comunicado, Hacienda destacó que entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.

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A partir de este modelo, quienes realizan actividades vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

A quiénes aplican las medidas

Los sujetos obligados que realizan actividades no financieras vulnerables como los casinos, operaciones con activos virtuales, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de autos, blindaje, tarjetas de servicios y prepagadas, vehículos aéreo y marítimos, traslado y custodia de valores y cheques de viajero.

Las Reglas fortalecen las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos.

De igual forma, la Secretaría de Hacienda, por conducto de sus unidades, ejercerán sus atribuciones bajo un Enfoque Basado en Riesgo, orientando las acciones de supervisión y verificación hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero.

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Este esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acorde con las características de cada sector.

La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual, con el propósito de facilitar su implementación, permitir que los sujetos obligados actualicen sus procesos internos y desarrollen las capacidades necesarias para cumplir con el nuevo marco regulatorio, favoreciendo una transición ordenada y eficiente.