Ana Lilia Ramírez · 28 de octubre de 2026
Las oficinas de Casa Morena, ubicadas sobre la calle Melchor Ocampo, en la colonia Ermita, de Tijuana, fueron desalojadas este miércoles mediante una diligencia judicial para recuperar el inmueble, luego de una sentencia relacionada con un presunto adeudo de aproximadamente 160 mil dólares por concepto de cinco años de renta, aseguró Hassan Martín Franco Ruiz, abogado de la propietaria del edificio y militante del opositor Partido Acción Nacional (PAN). El partido guinda respondió que se trata de un “pleito entre privados” y que “cumplió puntualmente con sus obligaciones de pago de renta” con el subarrendador.
Franco Ruiz explicó que la diligencia se realizó este miércoles a las 9:00 horas, en cumplimiento de una orden judicial que establecía la entrega de la propiedad ante la falta de pago.
El litigante aseguró que su representada celebró un contrato de arrendamiento con un particular y no directamente con Morena, por lo que dijo desconocer bajo qué condiciones el partido político ocupaba las instalaciones.

“Nosotros vinimos a celebrar una diligencia de lanzamiento en base a un procedimiento judicial por deudas de 160 mil dólares aproximadamente de mi representada. Cuando abrimos las puertas, nos percatamos que es una oficina de Morena”, declaró.
En un comunicado dirigido a la militancia y simpatizantes, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rosina del Villar Casas, explicó que la situación se originó por presuntos incumplimientos del subarrendador en sus obligaciones económicas frente a la propietaria del edificio, lo que dio lugar a la ejecución del desalojo.
La dirigencia estatal sostuvo que Morena se vio afectado por una disputa entre particulares, pese a haber realizado oportunamente los pagos correspondientes a quien le subarrendó las instalaciones. Del Villar Casas señaló que, antes de estos acontecimientos, el partido ya había considerado la posibilidad de cambiar sus oficinas, al estimar que la ubicación actual no reunía las condiciones más adecuadas para el desarrollo de sus actividades.
Ante esta situación, indicó que aprovecharán la coyuntura para concretar la reubicación de Casa Morena, cuya nueva dirección será comunicada próximamente a la militancia y a quienes simpatizan con el movimiento.

Asimismo, la presidenta estatal informó que Morena dará seguimiento al caso por las vías correspondientes, con el propósito de velar por los intereses del partido en Baja California, y agradeció la comprensión de sus militantes y simpatizantes; reiteró que continuará trabajando para garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades del movimiento en la entidad.
El abogado Franco Ruiz sostuvo que el objetivo de la diligencia era recuperar la posesión del inmueble, independientemente de quiénes se encontraran en su interior. “Mi cliente es el propietario del edificio. Mi clienta no le rentó a Morena. Ellos no celebraron ningún contrato con Morena”, afirmó.
De acuerdo con el representante legal de la propietaria, el adeudo corresponde a un periodo de poco menos de cinco años de rentas que, aseguró, no fueron cubiertas por el arrendatario con quien se celebró el contrato. Explicó que, antes de llegar al lanzamiento, se llevó a cabo un procedimiento judicial que incluyó el emplazamiento y el requerimiento de pago.
También señaló que existió un acercamiento entre las partes para intentar resolver el conflicto mediante un acuerdo; sin embargo, no se concretó ante el juzgado.

“Se suponía que habíamos llegado a un acuerdo. Ese acuerdo nunca se ratificó en el juzgado porque la parte nunca fue y la orden del juez fue: pagan o entregan el inmueble. Entonces no pagaron, entregan el inmueble”, relató. Aunque se le preguntó por el monto de la renta mensual, el litigante indicó que no tenía a la mano esa cifra y que contaba con la información correspondiente a la sentencia.
Respecto a la presencia del partido político en las instalaciones, Franco Ruiz señaló que desconocen si el arrendatario original prestó el inmueble, lo subarrendó o permitió su ocupación bajo alguna otra modalidad. “Pudiera ser, pero Morena ahorita no nos informó absolutamente la calidad con la que estaban en el inmueble. No sabemos si esta persona les prestó, les subarrendó, desconocemos”, manifestó.
El abogado también aclaró que el adeudo reclamado corresponde al arrendamiento y no a los servicios públicos, pues, según dijo, el agua y la electricidad estaban al corriente.
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Franco Ruiz aseguró que la diligencia se desarrolló sin incidentes y que las personas presentes no opusieron resistencia. “Todo tranquilo”, respondió al ser cuestionado sobre si hubo algún enfrentamiento o negativa a abandonar las instalaciones.
Durante el procedimiento fueron retirados mesas, sillas, escritorios, documentos y diversos artículos que se encontraban en las oficinas.