Suman 25 amenazas creíbles contra abogados en Baja California

Abogados de diversas ramas y especialidades enfrentan amenazas y violencia durante el ejercicio de su profesión, ha denunciado en las últimas semanas el gremio, por lo que un grupo de representantes busca establecer mecanismos de protección para quienes se encuentran en riesgo en Baja California.

La delegada estatal del Colegio de Abogados Penalistas, Lesly Arias Cesma, explicó que que los abogados penalistas tienen una exposición constante debido al tipo de asuntos que atienden. “Lamentablemente el abogado penalista sí se expone constantemente a este tipo de cosas, porque obviamente sabemos que en la materia civil son acciones, en la materia penal son delitos que repercuten en un daño en contra de la sociedad o de una víctima en específico”, señaló. 

La experta agregó que una amenaza puede permanecer sin cambios durante conflictos familiares, inmobiliarios o penales y escalar posteriormente.

La delegada mencionó que en Baja California se han registrado 18 homicidios de abogados durante los últimos dos años, cifra proporcionada por la fiscalía estatal. A nivel nacional enlistó 168 homicidios de personas de profesión abogado, aunque declaró que esta última cifra no corresponde a una estadística nacional documentada.

Al menos 25 abogados han recibido amenazas creíbles

Por su parte, el Presidente Estatal de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), David de Jesus Rincón Rey, informó que alrededor de 25 abogados han recibido amenazas que el gremio considera reales. “Amenazados hay alrededor de unos 25, que podemos decir son amenazas reales y palpables”, subrayó. También agregó que los casos corresponden a abogados de distintas áreas, entre ellas familiar, fiscal y penal.

Rincón Rey señaló que la violencia contra el gremio se ha incrementado los últimos dos meses, periodo en el que, afirmó, fueron asesinados violentamente tres abogados. Ante ello, los colegios y asociaciones mantienen coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatales para identificar a quienes se encuentran en peligro y solicitar protección, aunque el protocolo de seguridad de abogados todavía no ha sido autorizado.

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Además de las medidas de protección, Cesma señaló que existen retos en la procuración de justicia relacionados con la falta de personal y recursos en la fiscalía. “Necesita mayor presupuesto para contratación de personal, no se da abasto, es insuficiente el personal de servicios periciales y la capacitación a los fiscales”, sostuvo. Rincon Rey indicó a su vez que el gremio también exige la autorización del llamado botón de seguridad y una modificación de la estrategia de seguridad estatal para reducir riesgos durante el ejercicio de la profesión.