Ana Lilia Ramírez · 6 de octubre de 2026
El gobierno de Ensenada aseguró que había establecido controles para conocer la procedencia de los recursos de sus proveedores antes de que autoridades de Estados Unidos sancionara a empresas que tuvieron participación en eventos organizados por el Ayuntamiento, entre ellos el carnaval. Pese a las medidas, la empresa Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V. (FAMA), señalada por el Departamento del Tesoro de blanquear dinero para el cartel Sinaloa, fue una de las que obtuvo contratos.
La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, afirmó que su administración solicitó a los proveedores del Carnaval una declaración bajo protesta de decir verdad en la que aseguraran que sus recursos tenían procedencia lícita y que cumplían con las disposiciones federales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Nosotros sí fuimos muy previsores; esa carta la solicitamos y contamos con ella”, sostuvo.

La declaración de la presidenta municipal se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra empresas y personas a las que señala por presuntos vínculos con una estructura de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Entre las compañías que han tenido participación como proveedoras del Gobierno de Ensenada se encuentra FAMA Producciones, empresa que participó en la organización de los carnavales de 2024 y 2025.
Los eventos incluyeron espectáculos de artistas como Los Ángeles Azules, Banda El Recodo, Ana Bárbara y Matute, mientras que durante 2026 también participó en la organización de diversas presentaciones musicales.
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Ante el nuevo escenario, el Ayuntamiento anunció que cerrará la puerta a nuevas contrataciones con las empresas señaladas por autoridades estadounidenses. La medida también contempla revisar a sus socios, accionistas, beneficiarios finales y representantes legales para evitar que puedan participar nuevamente en contrataciones municipales mediante otras razones sociales.
La Oficialía Mayor recibió la instrucción de realizar una revisión del padrón de proveedores e identificar a las empresas y personas vinculadas con las compañías señaladas. El gobierno municipal informó que también fortalecerá la revisión de la estructura corporativa de las personas morales que pretendan obtener contratos públicos.

La administración de Agatón Muñiz sostuvo que, en el caso de los servicios contratados previamente para el Carnaval, los proveedores entregaron declaraciones en las que afirmaron que sus recursos tenían origen lícito. En el caso de las empresas, los documentos incluyeron manifestaciones respecto a la identificación de sus socios, accionistas y beneficiarios finales, así como sobre la procedencia de sus aportaciones.
Los proveedores también aceptaron proporcionar documentación adicional cuando fuera requerida por la autoridad y reconocieron las consecuencias legales de proporcionar información falsa. El Ayuntamiento afirmó que mantendrá estos mecanismos como parte de sus controles de contratación pública.
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La información cobra relevancia debido a que la existencia de una declaración de procedencia lícita no impide por sí misma que una autoridad posterior investigue o sancione a una empresa; por ello, el municipio anunció que reforzará la revisión de sus proveedores y de las personas relacionadas con ellos.