Gobernadora de Baja California pinta su raya ante acusación contra su exesposo

MEXICALI.— El Gobierno de Baja California se deslindó de las acciones y situación jurídica de Carlos Torres Torres, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera entre las personas señaladas en una reciente acción contra particulares y empresas vinculadas, de acuerdo con la autoridad estadounidense, con actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

A través de un desplegado difundido este 29 de septiembre, el Gobierno de Baja California puntualizó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Torres Torres y señaló que el único vínculo que mantienen es el relacionado con el bienestar de su hijo.

La Administración estatal también enfatizó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por OFAC y sostuvo que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero, además de señalar que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.

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Revisan Gobierno contratos con empresas

Ante los señalamientos de la autoridad estadounidense, el Gobierno estatal informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si las empresas mencionadas por OFAC han celebrado contratos con la Administración estatal.

En caso de encontrar alguna relación contractual, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

El Gobierno de Baja California también estableció que las personas señaladas por OFAC deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y que serán esas instancias las encargadas de informar sobre cualquier investigación.

“El Gobierno del Estado no hablará en su nombre”, puntualizó la administración estatal.

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Mira para otro lado

El posicionamiento concluye señalando que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda continuará concentrada en los temas de seguridad, desarrollo y bienestar de Baja California.

La postura estatal ocurre después de que el gobierno estadounidense difundiera sanciones contra personas y empresas a las que vincula con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La postura estatal ocurre después de que el gobierno estadounidense difundiera sanciones contra personas y empresas a las que vincula con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.