Valeria Ugarte · 20 de octubre de 2026
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Eva Maria Vázquez Hernández, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre los avances en la investigación de una denuncia presentada hace poco más de dos semanas contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y quien resulte responsable.
El 5 de octubre pasado, la diputada federal del PAN, junto con los legisladores César Israel Damián Retes, Federico Döring Casar y el vocero panista Jorge Triana Tena, presentaron una denuncia de hechos ante la FGR contra Marina del Pilar por presuntos delitos que incluyen delincuencia organizada, conspiración, traición a la patria, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
La legisladora panista afirmó que recurrieron a la presentación formal de la denuncia ante la falta de actuación de las autoridades, pese a que, señaló, existen elementos que ameritan una investigación de oficio. Explicó que la denuncia está dirigida contra la mandataria estatal debido a que los hechos señalados presuntamente ocurrieron durante su administración y mientras se encontraba en funciones.

Vázquez Hernández sostuvo que buscarán conocer qué acciones ha realizado la FGR para investigar los hechos y determinar si existe participación de otros funcionarios o servidores públicos. “Por eso estaremos exigiendo a la institución que haga lo propio y los vamos a estar tocando la puerta tantas veces que sea necesario”, declaró.
El documento fue recibido por la FGR el 5 de octubre de 2026; sin embargo, la presentación de la denuncia no implica que los delitos señalados estén acreditados.
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Vázquez afirmó que en los próximos días darán a conocer actualizaciones sobre el caso y las acciones jurídicas que analizan emprender ante una posible falta de actuación de la institución.
Hasta el momento, las declaraciones citadas no establecen la existencia de responsabilidad penal de la gobernadora.