Baja California: Acusan actos anticipados de campaña rumbo a 2027
Ana Lilia Ramírez · 1 de septiembre de 2026
TIJUANA. A 96 días de que arranquen las precampañas la carrera por la gubernatura de Baja California se siente en las calles. Mientras Morena no define quién encabezará su proyecto mediante una “encuesta” anunciada, el desfile de aspirantes continúa, la propaganda se multiplica y el gasto político crece exponencialmente.
Don Loreto Jáquez Sarabia no sabe de calendarios electorales, precampañas ni de los recovecos de la legislación electoral. Lo que sí sabe es que los políticos comenzaron a tocar puertas en su colonia, la Sánchez Taboada, para pedir respaldo. Ante la visita, guarda una indignación directa:
“Ya andan en campaña y vienen a pedir el apoyo, pero no arreglaron los deslaves en la Sánchez Taboada”, reclama.
La molestia de Don Loreto resume una escena recurrente en la entidad: funcionarios que renunciaron a sus cargos, solicitaron licencia o abandonaron sus responsabilidades públicas para construir redes de apoyo rumbo al 2027.
El problema, sin embargo, trasciende el plano político y entra de lleno en la fiscalización del origen y destino de los recursos utilizados para sostener esta promoción.
Cuestionan opacidad y financiamiento de la propaganda
Para Carlos Atilano Peña, presidente y coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), la paradoja resulta evidente: formalmente no hay precampañas, pero la vía pública evidencia una activa contienda de promoción personal disfrazada de asambleas informativas o estructuras internas.
“Le llaman de otro nombre, pero será el candidato a la gubernatura. ¿Qué más tiene que ver la autoridad electoral para que haga algo?”, cuestiona Atilano Peña.
En ese sentido se pronunció Octavio Sandoval Delgadillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, quien calificó estas acciones como simulaciones que el árbitro electoral debe investigar detenidamente, poniendo en el centro el financiamiento de la propaganda.
“Ahí sale la pregunta más grande, que es quién está financiando los actos anticipados de campaña. Se llaman actos anticipados de campaña y simuladamente se llama Movimiento para la Defensa de la Cuarta Transformación, y le agregaron Soberanía; pero son simulaciones o eufemismos para no llamarlas por su nombre”, sostuvo el líder empresarial.
La interrogante permanece abierta: ¿de dónde proviene el dinero para costear la propaganda de una contienda oficialmente inexistente?
Mientras la dirigencia no resuelve la candidatura en Baja California, la promoción se mantiene activa no solo entre perfiles de Morena, sino también entre sus aliados estratégicos del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Qué dice la ley sobre actos anticipados de campaña
El debate no es solamente político. La legislación electoral de Baja California establece límites expresos para evitar que una persona se posicione anticipadamente frente al electorado.
El artículo 3, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Baja California define como actos anticipados de campaña aquellos actos de expresión realizados “bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas” que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones mediante las cuales se solicite apoyo para contender por una candidatura o partido.
Esto significa que la denominación utilizada para presentar una actividad —asamblea informativa, recorrido, encuentro ciudadano, reunión comunitaria o movimiento político— no determina por sí sola su legalidad. La autoridad electoral debe analizar el contenido, el contexto, la temporalidad, la finalidad y los elementos que rodean cada acto.
La propia ley establece en su artículo 339, fracción I, que la realización de actos anticipados de campaña constituye una infracción atribuible a aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Los partidos tampoco están fuera de la norma. El artículo 338, fracción VI, contempla como infracción la realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos políticos.
Y hay otro punto que resulta central para esta historia: el dinero.
El artículo 153 de la Ley Electoral de Baja California establece que los recursos destinados por partidos, coaliciones y candidatos a propaganda electoral y actos de campaña deben sujetarse a los topes de gasto que determine el Consejo General. Entre los conceptos de gasto contempla propaganda en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria, redes sociales y otros similares.
Aunque el proceso electoral todavía no se encuentre en la etapa formal de campañas, el despliegue de recursos para posicionar a una persona puede convertirse en materia de investigación cuando existan elementos que permitan presumir una finalidad electoral.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) contiene además disposiciones similares. Su artículo 3 define los actos anticipados de campaña y el artículo 445 establece como infracción de aspirantes, precandidatos o candidatos la realización de actos anticipados de precampaña o campaña.
Por ello, el debate no se reduce a si los políticos dicen literalmente “voten por mí”. La autoridad electoral debe analizar el conjunto de circunstancias que rodean cada promoción.
Monreal pide frenar la guerra interna
La tensión provocada por la falta de definiciones no es exclusiva del estado.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la dirigencia nacional de su partido para acelerar la designación de los 12 coordinadores estatales que permanecen pendientes, al advertir que el vacío está provocando descalificaciones, acusaciones y una eventual “guerra intestina”.
A través de un mensaje en redes sociales, Monreal reconoció que las distintas fuerzas han utilizado las figuras de coordinadores o representantes para perfilar candidaturas aprovechando lagunas legales.
Sostuvo que en las entidades donde no hay definición los ataques internos han repuntado, por lo que urgió a no anteponer ambiciones personales.
“Estamos a tiempo”, afirmó Monreal al solicitar celeridad para evitar que las confrontaciones contaminen el proceso.
Hasta ahora, el partido ha anunciado coordinaciones en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa —con Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lázaro, Rosa María Bayardo, Santiago Nieto e Imelda Castro, respectivamente—, mientras que Baja California continúa en la lista de estados en vilo.
Todos quieren salir en foto de Baja California
En el terreno local, los aspirantes intensifican su presencia mediática y territorial:
Ismael Burgueño Ruiz, alcalde con licencia de Tijuana, se mantiene activo mediante eventos comunitarios y presencia pública, sin transparentar públicamente el origen del financiamiento de dicha promoción.
Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia, despliega presencia con bardas, volantes, lonas y recorridos, además de entrevistas en medios locales.
Armando Ayala Robles, senador con licencia, recurre al posicionamiento en lonas y bardas en distintos puntos del estado.
Alfredo Álvarez Cárdenas, exsecretario general de Gobierno, encabeza sesiones informativas y encuentros comunitarios, con una presencia más recatada.
Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana, sostiene recorridos y participaciones en espacios informativos, además de entrevistas.
Jesús Ruiz Uribe, quien renunció como delegado federal de Programas para el Bienestar en septiembre de 2025, registra pauta publicitaria vinculada a la Fundación Ruiz Uribe y a la presentación de su libro Construyendo el Futuro, sin que en la promoción sea evidente el origen de los recursos destinados a ese despliegue.
Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia, realiza actividades mediante reuniones vecinales, volantes y entrevistas. Mientras, Jorge Ramos Hernández, diputado local con licencia, figura con decenas de espectaculares del PVEM por distintos puntos de Baja California.
Cuántas denuncias han recibido
Cuestionado sobre este escenario, el presidente del consejo del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Luis Alberto Hernández Morales, informó que se han admitido 17 denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, aclarando que no toda promoción configura automáticamente una sanción.
“No hay duda que está prohibido llamar al voto, eso definitivamente no se puede. Pero hay otras frases de apoyo a ‘X’ personas que se consideran equivalentes; cuando no hay una vinculación a un cargo público o no hayan llamado al voto o al partido, dependerá de cada caso”, explicó Hernández Morales.
El titular del instituto enfatizó que la institución no actúa de oficio en estos casos particulares y requiere de la presentación formal de denuncias para realizar las inspecciones físicas en campo, certificar la existencia de la propaganda y determinar si la ley electoral fue transgredida.
El IEEBC ha tramitado procedimientos relacionados con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, lo que muestra que este tipo de conductas puede ser sometido al procedimiento especial sancionador.
La legislación, por tanto, no prohíbe toda actividad pública de quienes aspiran a una cargo dentro de un partido. Lo que está bajo escrutinio es cuándo esa actividad deja de ser una expresión política legítima y se convierte, por sus características y finalidad, en una forma anticipada de promoción electoral, señaló presidente consejero.
Bajo este criterio del IEEBC coincide ciudadanos como Don Loreto de la colonia Sánchez Taboada, el representante de empresarios Octavio Sandoval y líder de abogados Carlos Atilan. El dilema en Baja California es si todavía no hay candidato, tampoco existe oficialmente una campaña; pero las bardas, los espectaculares, las lonas, los recorridos y las reuniones ya parecen hablar de ella.
Mientras Morena decide quién encabezará su proyecto rumbo a 2027, la pregunta de los ciudadanos permanece en el aire no solamente es quién ganará la eventual encuesta, sino quién está pagando la carrera para llegar primero a ella y con qué dinero.