Siguen las omisiones a 14 años de la masacre de Cadereyta: familias exigen reparación y verdad
Redacción Animal Político · 13 de mayo de 2026
La Fundación para la Justicia denunció que, a 14 años de la masacre de Cadereyta, persisten la impunidad, la falta de verdad, justicia y reparación integral para las 49 víctimas y sus familias, debido a omisiones deliberadas, retrasos injustificados y falta de respuestas por parte del Estado mexicano, particularmente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Las afirmaciones fueron difundidas a través de un comunicado en el que la organización advierte que el caso se ha convertido en “un claro caso de justicia selectiva, revictimización y omisión deliberada del Estado”.
La masacre ocurrió el 13 de mayo de 2012, cuando 49 cuerpos desmembrados fueron abandonados en la vía pública en Cadereyta, Nuevo León, junto a una manta en la que el cártel de Los Zetas presuntamente se atribuía el crimen.
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Las víctimas eran personas migrantes, principalmente de Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, y que muchas de ellas viajaban hacia Estados Unidos. Su asesinato, cometido con extrema violencia, fue interpretado entonces como un mensaje criminal en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Catorce años después, la Fundación para la Justicia sostiene que el Estado mexicano no ha esclarecido los hechos, no ha garantizado justicia ni ha cumplido con la reparación del daño.
Hasta ahora, no existe una sentencia condenatoria, solo cuatro personas han sido procesadas, faltan 30 cuerpos por identificar y las extremidades faltantes de los cuerpos —una demanda reiterada de las familias— nunca fueron localizadas.
Además, indica que las familias de las víctimas identificadas no han recibido reparación y que la disculpa pública que ordenó la Recomendación 8VG/2017 de la CNDH, aceptada en su totalidad por las autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y la Fiscalía General de la República, tampoco se ha cumplido.
En su recomendación, la CNDH documentó graves fallas en la investigación, irregularidades en el manejo de evidencias, deficiencias en la identificación de restos humanos y omisiones del Estado mexicano que revictimizaron a las familias. Hoy, nueve años después, la fundación afirma que esas fallas persisten.
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El comunicado de este miércoels subraya que las familias de 10 víctimas hondureñas, agrupadas en el comité COFAMICENH, han encabezado la lucha por verdad, justicia y reparación, buscando respuestas no solo para sus propios casos sino para el conjunto de las 49 víctimas.
Desde 2020, estas familias ingresaron sus expedientes ante la CEAV y cumplieron con todos los requerimientos: “oficios, formatos, entrevistas multidisciplinarias, manifestaciones de daño”.
La fundación afirma que los expedientes quedaron completamente integrados en julio de 2025, pero que hasta la fecha el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV no ha emitido el dictamen correspondiente ni ha respondido a solicitudes de información. Señala también que la institución ha pedido en reiteradas ocasiones documentos que ya habían sido entregados con anterioridad.
Ante este bloqueo institucional, en diciembre de 2025 varios familiares dirigieron un video a la comisionada de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, solicitando ser escuchados.
La Fundación para la Justicia incluyó en su comunicado de este 13 de mayo esos mensajes, que evidencia —según la organización— la carga emocional, económica y psicológica que han enfrentado las familias durante 14 años, así como el profundo desgaste derivado de la falta de respuesta estatal.
La madre de Ramón Antonio Torres Castillo, uno de los jóvenes asesinados, expresó: “Soy madre de cuatro muchachos de uno de los migrantes que falleció en la masacre de Cadereyta. Su nombre era Ramón Antonio Torres Castillo. Él viajó, iba de viaje para Estados Unidos con muchas ilusiones, ya que quería dar una buena educación a sus niños. Y ya han pasado 13 años, señora comisionada, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta sobre la reparación de daños que se debe hacer. (…) Señora comisionada, en nombre de mis hijos y de todos los jóvenes que necesitan de su apoyo, yo le pido de todo corazón que se ponga la mano en la conciencia y nos dé una respuesta positiva a nuestra solicitud de reparación. Nos estamos deteriorando, la vida se nos está yendo. Pido a usted, señora comisionada, de todo corazón nos apoye y nos dé una respuesta positiva”.
Otra de las mujeres que participaron en el video fue Vilma López, quien dijo: “Soy una mujer de Honduras, Vilma López, una mujer que les hace un llamado a la conciencia, al humanismo, al respeto al ser humano para que ustedes nos puedan ayudar y contestar nuestras peticiones. Nadie quiere perder a un ser querido. Nadie lo quiere perder. Pero déjenme decirles que necesito que me escuchen, que pongan su mirada en nosotros. Tengo dos hijos a los que tengo que atender, dos muchachos que han dejado de estudiar en la universidad por los recursos que estoy pidiendo. Ayúdenme. No me dejen. Este es el momento que más lo necesito”.
También participó Dora Elizabeth Varela, hermana de José González Petancur, quien declaró: “Buenas noches, mi nombre es Dora Elizabeth Varela. Soy hermana de Heber José González Betancourt, quien falleció, a quien mataron, en la masacre de Cadereyta hace 13 años”.
Y agregó: “Si no nos van a entregar el cráneo y las extremidades de mi hermano, por favor tengan la decencia, tengan un poquito de empatía, de por lo menos ayudarnos a que avance un poco el caso que nosotros tenemos de darnos esas medidas de asistencia que tanto necesitamos, que tanto necesitan, en mi caso, los hijos de mi hermano, que tanto necesita mi mamá, porque mi mamá era una persona sana antes de que esto pasara”.
La fundación afirmó que, pese a estas solicitudes directas, la comisionada Rodríguez Estrada no respondió. Consideró que la falta de acción de la CEAV constituye una forma de revictimización institucional y una muestra clara de la desprotección que enfrentan las familias migrantes, quienes han sostenido un proceso largo, doloroso y costoso sin acompañamiento efectivo del Estado mexicano.
En su comunicado, la organización subraya que la CEAV tiene hoy la oportunidad de “demostrar que todas las víctimas importan” y de marcar un precedente que contribuya a recuperar la confianza en las instituciones y en las políticas federales de acceso a la justicia; sin embargo, insiste en que el tiempo sigue pasando sin respuestas concretas: “A 14 años de Cadereyta”, afirma la fundación, “la reparación integral ya es un derecho urgente e impostergable”.